MEDIDAS APROBADAS EL 31 DE MARZO DE 2020: ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19

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El día 01 de abril de 2020 el gobierno publicó en el BOE un nuevo RD que recoge otro paquete de medidas para paliar los efectos económicos provocados por el COVID-19.

Estas medidas están destinadas a servir de apoyo a los trabajadores, consumidores en general y familias y colectivos vulnerables. El RD ley 11/2020 de 31 de marzo, consta de un total de 88 páginas, donde además se recogen algunas medidas publicadas anteriormente y que necesitaban ser ampliadas o en su caso, completadas.

Muy importante, hay que destacar las diferentes definiciones que se atribuye a “la situación de vulnerabilidad social y económico derivada del estado de emergencia con causa de covid-19”. Estas definiciones son importantes porque dan las claves para saber quienes pueden ser beneficiarios de las medidas publicadas en el RD.

Inicialmente las características para saber qué colectivos pueden ser o no consideradas personas en situación de vulnerabilidad son, principalmente, las de estar en situación de desempleo a causa de los ERTE, haber experimentado una reducción de jornada por cuidado de familiares, haber sufrido una reducción de los ingresos con unos márgenes establecidos etc.

La diferencia radica en la finalidad para la cual necesites encajar en una u otra. Es decir, que los requisitos y condiciones requeridos van a ser diferentes en función de su finalidad.

  • Solicitud de moratoria y ayudas al pago del alquiler, establece sus propios requisitos y condiciones de reconocimiento de situación de vulnerabilidad.
  • Solicitud de moratoria hipotecaria y del crédito de financia no hipotecario.
  • Acreditaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria.

A lo largo de los siguientes párrafos resumiremos las principales medidas que atañen a empresas, autónomos (as) y particulares.

En relación con la vivienda, las medidas publicadas procuran garantizar y salvaguarda el derecho a la vivienda principalmente de los colectivos más vulnerables.

1. Suspensión de los lanzamientos y desahucios de los hogares vulnerables sin alternativa de otra vivienda: Para acogerse a esta medida las personas deberán demostrar que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica que les impida encontrar una alternativa habitacional para sí mismos y familiares.

2. Los contratos de la vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994 que, desde el 02 de abril de 2020, hasta haber transcurrido 2 meses desde la finalización del estado de alarma, agoten el período de prórroga obligatoria establecido en el art. 9.1 y 10.1 de la ley 29/1994, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria por un plazo máximo de 6 meses.

Para conocer el tipo de contratos, o más bien, las condiciones de los contratos de alquiler a los que hace referencia el párrafo anterior, es necesario acudir a la ley de arrendamientos urbanos 29/1994 en los artículos 9.1 y 10.1 para conocer a quienes atañe dicha medida. A grandes rasgos, hace referencia a los contratos de arrendamiento que, sin haber tenido una vigencia de 5 años, se haya alcanzado la fecha de vencimiento, pero que, la persona arrendataria no haya manifestado su intención de extinguirlo, produciéndose por tanto la prórroga automática y obligatoria por períodos de 1 año.

3. Aplicación automática de moratoria de deuda a la persona arrendataria de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica si el arrendador es una empresa o entidad publica o un gran tenedor, es decir, que posea en titularidad más de 10 inmuebles urbanos. la persona arrendadora podrá solicitar esta moratoria en el plazo de 1 mes a contar desde el 02 de abril de 2020, siempre que no se haya acordado previamente. En caso contrario, el arrendador deberá escoger una de estas opciones en un plazo de 7 días:

    1. Reducción del 50% de la renta durante el período del estado de alarma, así como las mensualidades siguientes hasta máximo 4 meses si la situación de vulnerabilidad continuase.
    2. Moratorio en el pago de la renta durante el estado de alarma, que podrá prorrogarse si la situación de vulnerabilidad continúa, sin que pueda superar los 4 meses. Se fraccionarán las cuotas durante al menos 3 años, todas estas medidas sin aplicar ningún tipo de interés.

4. Arrendadores distintos de una empresa, entidad pública o un gran tenedor. La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual podrá solicitar al arrendador en el plazo de 1 mes, a contar desde el 02 de abril de 2020, el aplazamiento temporal del pago del alquiler.

Muy importante, este apartado no obliga a la persona arrendadora a aceptar la propuesta planteada por la parte arrendataria, se deja a voluntad de la persona arrendadora el aceptar o no los acuerdos plantados.  

5. Línea de avales para las viviendas sin intereses. La línea de avales está destinada a la financiación de los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica debido al estado de alarma provocado por el covid-19. Se podrá acceder a la financiación a través de las entidades bancarias, con un plazo de devolución de hasta 6 años, prorrogable otros 4 años, sin que devengue gastos o intereses para el solicitante. Esta financiación deberá destinarse exclusivamente al pago de la vivienda, pudiendo cubrir hasta el máximo de 6 mensualidades de renta.

6. Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual: Esta ayuda está destinada a personas arrendatarias con dificultad transitoria para afrontar el pago del alquiler de la vivienda habitual, y que cumplan los criterios vulnerabilidad social y económica sobrevenida por el estado de alarma, también podrá destinarse para el pago de las financiaciones mencionadas en el párrafo anterior, si existe dificultad para efectuar las devoluciones. A estas ayudas podrán acceder las personas físicas. La cuantía destinada será de máximo 900 € al mes, hasta el 100% del alquiler.

7. Moratoria de deuda hipotecaria de vivienda habitual, inmuebles afectos a la actividad económica de empresarios y profesionales, Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor hipotecario, persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma. 

8. Suspensión temporal de las obligaciones contractuales de préstamos o créditos sin garantía hipotecaria vigentes a fecha 02 de abril de 2020 para las personas en estado de vulnerabilidad económica hasta 1 mes después del fin del estado de alarma. No se devengarán intereses ni conceptos de demora.

9. Acceso al bono social por parte de los autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación un 75%:

El bono social hace referencia a un descuento en la facturación de la electricidad. Para acceder al bono es necesario demostrar que se encuentra en situación de vulnerabilidad social y económica.

10. Subsidio extraordinario para las personas del sistema especial de empleados de hogar del régimen general que hayan dejado de prestar sus servicios total o parcial temporal o definitivo. La cuantía será el resultado de calcular el 70% de la base reguladora, y en proporción a la pérdida de actividad.

 Será compatible con otras actividades.

11. Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal, de al menos 2 meses de duración que no tuvieran la cotización necesaria.

Medidas de apoyo a los autónomos

12. Moratoria de las cotizaciones de seguridad social, que no exoneración, durante 6 meses, sin intereses. Para las empresas se aplicará durante los meses de abril a junio de 2020 y para los autónomos de mayo a julio. Esta medida es para las actividades que no se hayan suspendido.

13. Aplazamiento del pago deuda: aplazamiento de deuda entre los meses de abril a junio de 2020, siempre y cuando no hubiese otro aplazamiento en vigor. Se aplicará un interés del 0.5%.

14. Flexibilización de los contratos de suministros para empresas y autónomos.

15. Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo. Con esta medida las empresas y autónomos (as), pymes, podrán suspender el pago de los suministros mencionados durante el periodo del estado de alarma, que deberán regularizar una vez superado el estado de alarma en las facturas emitidas durante un período de 6 meses.

No dejes pasar los plazos para solicitar las ayudas. Nosotros te asesoramos.

Rellena nuestro formulario con tus datos, o llámanos al 638 189 280 o al 606 798 375 .15.

 

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